Consecuencias de la omisión de actuar como agentes de retención.

gente_de_negociosRecientemente en la causa San Juan SA la Corte Suprema de Justicia de la Nación desgraciadamente ha dado un vuelco rotundo en la forma de juzgar la omisión de actuar como agentes de retención, lo cual es una falta a un deber formal exigido por la Ley al contribuyente. Sucede que a diferencia de lo ocurrido en la causa Mera Miguel Ángel de principios del año 2014, donde la Corte admitió formalmente que podían haber diferentes formas de probar la veracidad de las operaciones, impugnándose la posición del Fisco en cuanto a la no admisibilidad de prueba alguna sobre aquellas erogaciones mayores a 1000 pesos canceladas en efectivo, basándose en el inconstitucional artículo 1° de la Ley 25.345 (Ley Anti evasión). Pues se sostuvo con criterio que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas, y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias, según lo establecido por el artículo 80 de la ley de impuesto a las ganancias, y los créditos fiscales en el IVA, por motivos meramente formales, importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez. Análoga situación se vislumbra ante lo previsto en la Ley de Ganancias y la Ley de Procedimiento Fiscal en cuanto a la sanción a aplicar para aquellos contribuyentes que, debiendo retener ganancias de acuerdo a la RG 830, omiten hacerlo, debido muchas veces de la falta de actualización de los mínimos no sujetos a retención. Ante dicho incumplimiento, la norma prevé un doble castigo, por un lado multas entre el 50% y el 100% del importe no retenido, y por otro, la imposibilidad de deducción en el balance impositivo de la erogación efectuada. Ello implica un perjuicio enorme para el contribuyente y representa una doble sanción con consecuencias nefastas, ya que no se podrá descontar el 35% de impuesto a las ganancias sobre el gasto efectuado.

Sucedió entonces que, siguiendo la idea de la Procuradora General de la Nación en su Dictamen elaborado en la causa señalada, la Corte avalo la doble sanción hacia el contribuyente, optando por llevar adelante una interpretación absolutamente literal de la Ley, sin considerar en absoluto la real capacidad contributiva de la empresa. Por todo ello, se desprende, que todas las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, deberán estar especialmente atentas al momento de generar los pagos y por su bien realizar siempre las retenciones correspondientes para evitar la solidaridad en las deudas por impuesto (a las ganancias) del beneficiario del pago, así como también sufrir ajustes del fisco desproporcionados e indeseables.

 

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Procedimiento Tributario. Homologación de nuevo controlador fiscal.

BematechMP4000En el día de la fecha ha sido publicada la RG 3809/2015 de AFIP, mediante la cual se aprueba y homologa un nuevo equipo controlador fiscal (impresora) de la nueva tecnología. De esta manera se introduce al mercado el primer controlador fiscal con las nuevas exigencias del Fisco de acuerdo a lo previsto en la RG  3561/13, por lo que se deben ir reemplazando los viejos controladores, así como también adquiriendo exclusivamente el nuevo modelo en caso de inicio de actividades.

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Registración de Marcas Comerciales: cuestiones a tener en cuenta para cuidar nuestros productos y servicios.

Marcas¿Qué es una Marca Comercial?

Una Marca es un signo, con capacidad distintiva, que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa sobre los demás.
Bajo los términos del Art. 1 de la Ley 22.362, “las marcas comerciales para distinguir productos y servicios pueden incluir, entre otros:

  • una o más palabras con o sin ningún contenido conceptual,
  • dibujos,
  • emblemas,
  • monogramas,
  • grabados,
  • estampados,
  • imágenes,
  • combinaciones de colores aplicados a un área determinada de un producto o su envase,
  • la envoltura o envase,
  • combinaciones de letras y números con diseño especial,
  • slogans publicitarios, relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidad.”

La marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el prestigio de sus fabricantes. De allí que en muchos casos, el valor de “la marca” sea mayor que el que representan otros bienes que pueda poseer la empresa.

¿Qué es una Marca Registrada?

Es una marca registrada la que ha sido concedida en favor de una persona física o jurídica, argentina o extranjera, por la Dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ( I.N.P.I. )
El registro de una marca concede a su titular, la exclusividad de uso por 10 años, pudiendo ser renovado indefinidamente.

Se puede obtener la registración de la marca a través de un procedimiento reglado por la Ley, cuyo plazo suele ser estimado entre 12 y 14 meses. Una vez que este proceso ha sido completado y la solicitud cumple con todos los requisitos de la legislación vigente, la solicitud es concedida y el titular puede obtener el Título de la Marca Registrada expedido por el I.N.P.I.

La marca comercial registrada garantiza la identidad de su negocio en el mercado.

¿Para qué sirve una marca?

La marca comercial sirve para distinguirse de la competencia, indicar la procedencia empresarial, señalar la calidad y características del bien ofrecido y reforzar la función publicitaria.

¿Qué derechos posee el titular de una marca?

Le garantiza la propiedad y el uso exclusivo de la marca, pudiendo ejercer todas las defensas por el uso no autorizado por parte de terceros.

El titular de la marca puede autorizar su uso por terceros mediante contratos de Licencia, tanto exclusivas como no exclusivas, venderlas en forma total o parcialmente por productos u obtener créditos ofreciéndolas en garantía con registro de prenda.

¿Cómo puedo registrar mi marca?

A través de nuestra gestión como Agentes o Mandatarios, con el debido asesoramiento y representación ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Bienes Personales. Responsable Sustituto

La Sala I de la C05346ámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha dejado sin efecto una Resolución de AFIP confirmada por el Tribunal Fiscal, donde el Fisco pretendía realizar un ajuste sobre la base imponible como responsable sustituto en Bienes Personales de tres sociedades anónimas. La divergencia con el contribuyente consistía en que si correspondía o no la consideración para la base imponible de aportes irrevocables para futuras suscripciones que habían efectuado terceras personas a las sociedades involucradas, y que estaban pendientes de aprobación por la Asamblea de Accionistas. En dicho caso, y como lo establece la ciencia contable, los aportes únicamente pasan a formar parte del capital de la sociedad (y también del patrimonio de sus socios a través de su participación accionaria) cuando se realice el correspondiente aumento de capital, con la correlativa suscripción de acciones luego de ser aprobada por el Órgano de Gobierno.

Está claro, que las participaciones de los socios no alcanzan a dichos aportes, en virtud de no poseer ningún derecho de propiedad sobre los mismos, pero de todos modos el Fisco Nacional insistió en que los mismos estarían gravados, desconociendo el presupuesto de hecho sobre el que recae el tributo y prescindiendo de la real capacidad contributiva que debe verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez.

Los Camaristas, con un razonamiento lógico y acorde a la realidad económica, expusieron sus fundamentos para cesar con el estado de incertidumbre sobre el contribuyente, dejando de lado la Resolución oficial, e indicando también, que la razón de que la contabilidad sugiere incluir a estos aportes dentro del Patrimonio Neto, no es justificativo suficiente para prescindir de las razones jurídicas que demuestran que los socios carecen de todo derecho de propiedad sobre aquellos.

Fuente: Scalise, Claudio (TF 23798-I) c/DGI; CNCAF Sala I; 2015

 

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tasas Municipales

En un recientdescargae fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja, el mismo se ha expedido en relación a la solicitud de inconstitucionalidad de una tasa municipal realizada por un contribuyente de la provincia mencionada. Se trata de la “Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene”, regulada por la Ordenanza Impositiva de la ciudad de La Rioja, que fijaba como base imponible del tributo los ingresos percibidos por el contribuyente, al igual que la mayoría de las tasas análogas en el país, pero sin tener en cuenta aspectos vinculados con la efectiva, concreta e individualizada prestación de la actividad municipal, en virtud de resultar una tasa y por tanto estar relacionada a la prestación de un servicio.

El Tribunal afirmó que al tomarse para el cálculo de la base imponible de la tasa idénticos parámetros que los utilizados por el impuesto provincial sobre los ingresos brutos, la ordenanza impositiva “mutó la naturaleza jurídica de la tasa convirtiéndola en un impuesto”. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la base imponible de las tasas puede tener relación con la capacidad contributiva del sujeto, se entiende desmesurado la cuantía para este caso en particular, ya que considerar únicamente el parámetro de los ingresos para cuantificar la tasa, muchas veces no guarda relación directa con la capacidad contributiva y mucho menos con la prestación de un servicio por parte de los municipios.

Fuente: Moto Grupo SRL s/ Inconstitucionalidad.

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Medios de Pago válidos para la cancelación de las obligaciones

pesos100Recientemente, en fecha 19 de Marzo de 2014, se ha pronunciado un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Mera, Miguel Ángel c/ DGI-AFIP) en relación a una cuestión profundamente discutida en la jurisprudencia argentina, vinculada a la colisión de normas en relación a los medios de pago válidos para la cancelación de las obligaciones y el computo de créditos fiscales y gastos deducibles de Impuesto a las Ganancias. Al respecto es importante destacar que ha sido la primera vez que la Corte trata el tema y resultó ser contundente en su fallo final aplicando una solución razonable al problema y declarando constitucionalmente inválido al artículo 2° de la Ley 25.345 debido a prohibir el computo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas por motivos estrictamente formales, lo cual implica prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la cual tiene que “verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez”.

Anteriormente al Fallo, a instancias de la Cámara Federal se había afirmado lo siguiente: “cuando por medio de la aplicación literal de lo establecido en el art. 2° de la ley 25.345 -con relación a los medios de pago admitidos- se niega al contribuyente la posibilidad de descontar los gastos efectivamente realizados para obtener o conservar las ganancias gravadas, el impuesto deja de recaer exclusivamente sobre ganancias propiamente dichas para alcanzar también a los gastos realizados para obtenerlas. Y del mismo modo, con relación al IVA, si por aplicación literal de ese precepto no se admitiera que el responsable pudiera computar a su favor el crédito fiscal efectivamente facturado y pagado a su proveedor, el impuesto que le es exigido dejaría de guardar relación con el mayor valor agregado por él en la etapa respectiva”. Es decir -puntualizó la cámara-  que en ambos casos se alteraría el hecho imponible definido en las leyes que determinan la materia imponible y su medida.

De esta manera, y al igual que se ha establecido en numerosa jurisprudencia, entre otros casos Epuyen SA c/ AFIP DGI por acción de inconstitucionalidad y Arraras Eliseo Antonio c/ AFIP DGI (CNCAF), el a quo juzgo que aplicar lo dispuesto por el art. 2° de la Ley 25.345 comportaría una exacción que carece de base legal ya que so pretexto del incumplimiento de un “deber formal”, se habilitaría la recaudación de una cantidad mayor de la permitida por las leyes que crean los impuestos respectivos y en consecuencia no se respetaría el principio de razonabilidad.

Finalmente, si bien cada fallo es sólo aplicable al caso particular, debemos considerar inconstitucional el artículo 2° de la Ley 25.345 y en consecuencia adquiere plena vigencia lo establecido en el artículo 34° de la Ley procedimental a fin de poder utilizar los medios de prueba que se consideren necesarios para demostrar la veracidad de las operaciones, aún en aquellos casos en los cuales se cancelen obligaciones mediante el pago con dinero en efectivo por montos mayores de $ 1.000.

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Revés para la AFIP

Justicia-300x300En un reciente fallo de la Cámara Nacional Contenciosa Administrativa Federal, se confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a la admisibilidad de gastos según el concepto de necesariedad demostrado por el contribuyente en su Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias.

Se trata específicamente del fallo “Trucco, Pedro Agustín (TF 27952-I) c/ DGI” donde se discutía la procedencia o no de ciertos gastos relacionados con las actividad profesional del contribuyente referidos a consumos de gas natural, telefonía celular, medicina prepaga y amortización del inmueble donde desarrollaba su actividad.

Al respecto el a-quo estableció que: “el concepto de necesidad es relativo y debe apreciarse en función de la finalidad de las erogaciones ya que sería muy peligroso que el Fisco en cada erogación determine o pretenda establecer la efectiva productividad del gasto quitando al empresario la flexibilidad que precisa el manejo de su negocio y que hace que muchos de los gastos que incurra no redunden necesariamente en la producción de un rédito que pueda imputarse específicamente al gasto en que se ha incurrido. En efecto, el control no puede ir tan lejos como para determinar la inutilidad del gasto o la exageración de su monto para la producción de la ganancia juzgando discrecionalmente la buena administración de la empresa de que se trata (conf. esta Sala, en autos “Gelbrlung Samuel (TF 22.676-I) contra D.G.I.”, sentencia del 14/02/2012).”

Por tal motivo, cabe deducir que para la admisión del gasto sólo basta con la comprobación de orden lógico que vincule el gasto al mantenimiento y conservación de la fuente o la necesariedad para la producción de ganancias gravadas.

Consecuencia de lo expuesto la Cámara confirmó la decisión del TFN indicándole un límite a la arbitrariedad de la AFIP en cuanto a la impugnación de gastos en los balances impositivos de los sujetos inscriptos en el Impuesto a las Ganancias.

Por otro lado, este paradigmático fallo se refirió a la posibilidad de aportes de pruebas por parte del contribuyente luego de la etapa administrativa dentro del fisco, sosteniendo lo siguiente: “La limitación del ofrecimiento de prueba a la sola etapa del procedimiento de impugnación implica un cercenamiento a los tribunales -sea el administrativo como el judicial- de su atribución esencial de resolver los conflictos llegando a la verdad de los hechos. De allí que, sin perjuicio de la decisión que en cada caso pueda adoptar el tribunal respecto a la pertinencia y procedencia de la prueba ofrecida en cuanto ella haga al caso en discusión supone una violación a las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional y, en particular, del artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos “que ordinariamente son idóneas para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere dicho artículo y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud. El carácter judicial de tales medios implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987 -Garantías Judiciales en Estado de Emergencia-).”

Finalmente, en función de ésta interpretación se declara inconstitucional el artículo 166° de la Ley 11.683, debido a que no se puede impedir al particular ofrecer ante el Tribunal Fiscal la prueba que haga a su derecho dado que la limitación expuesta contraría expresas garantías constitucionales.

 

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Nueva Moratoria para Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-rural en la Provincia de Entre Ríos

i6832-alambrado-campo-631x280A través del Decreto 2.949 el Poder Ejecutivo Provincial ha instaurado un régimen de facilidades de pago para aquellos contribuyentes que tengan deudas en materia de impuesto inmobiliario rural y sub-rural debido a la complicada situación financiera que atraviesa el sector agropecuario, según se argumenta en el considerando de la norma promulgada. A lo cual sería oportuno agregar la agobiante carga impositiva por parte del fisco provincial y nacional que están soportando los productores agropecuarios en los últimos años.

Quedarán comprendidas en el Plan de Regularización aquellas deudas devengadas al 31 de Julio de 2013, independientemente de que las mismas se encuentren intimadas, en proceso de determinación, en procedimiento administrativo tributario o contencioso administrativo, o incluidas en planes de regularización vigentes o caducos al momento de la entrada en vigencia de esta moratoria. Se encuentran excluidas del presente las deudas respecto de las cuales se hubiera formulado denuncia penal.

El plazo máximo de acogimiento es hasta el 30 de Septiembre, pero el Ejecutivo podrá prolongar dicho plazo si lo considera conveniente.

Quienes adhieran al plan tendrán condonación de multas y parte de los intereses resarcitorios, y abonarán una tasa del 1% o 1,5% mensual en hasta 36 o 18 cuotas según se trate de personas físicas titulares de un único inmueble o personas jurídicas y personas físicas titulares de más de un inmueble respectivamente. Podrá pactarse el pago de cuotas mensuales o cuatrimestrales, resultando el importe mínimo de cada una $ 400 o $ 1.600 según la modalidad elegida.

Será condición necesaria tanto para la adhesión como para mantener la vigencia de los planes especiales que se formalicen, no registrar otras deudas por cualquiera de los tributos administrados por la ATER o bien, tener regularizadas las mismas mediante planes de pago.

Finalmente es importante destacar que la primer cuota se pagará en Noviembre del corriente año, y que luego de suscribirse el plan, el atraso de más de cuarenta y cinco días corridos en el pago de cualquiera de las cuotas, produce de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna, la caducidad del beneficio acordado y los pagos realizados se considerarán a cuenta de lo adeudado por todo concepto.

 

 

 

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Nuevo Plan de Facilidades de Pago Permanente – RG 3516 AFIP

460x250-300x163Luego de finalizado el plazo para adherirse al régimen especial de facilidades de pagos introducido por la RG 3451 de AFIP que contemplaba la posibilidad de financiar deudas impositivas, de los recursos de la seguridad social y aduaneras en hasta ciento veinte (120) cuotas, se ha presentado en el boletín oficial un nuevo plan de facilidades de pago permanente en reemplazo del antiguo régimen de la RG 2774.

Al respecto es importante destacar, antes de indicar sus principales características, que se trata de un beneficio sólo para algunos privilegiados que cumplen con ciertos requisitos exigidos por la resolución, lo cual resulta contrario al espíritu del legislador de acuerdo a lo previsto en el art. 32° de la Ley 11.683 (t.o. 1998), donde se autoriza a la AFIP a conceder planes de facilidades de pago pero sin hacer ninguna distinción entre los contribuyentes, por lo cual donde la ley no distingue tampoco debería hacerlo una resolución de inferior rango legal. Aún más grave resulta el hecho de lesionar el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional al delimitar el beneficio para algunos contribuyentes y sancionando implícitamente a otros, siendo que muchas veces aquellos que no tienen empleados en relación de dependencia y cuentan con una estructura económica menor son quienes mayores necesidades de financiamiento poseen.

Al margen de todo ello, en relación a los reclamos reiterados de los contribuyentes se ha establecido un plan de facilidades de pago permanente por obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social aplicable solamente a los sujetos que sean empleadores y tengan un monto de ventas anuales igual o inferior a diez millones de pesos ($ 10.000.000).

En relación al párrafo precedente se controlará lo siguiente:

a) Respecto de la calidad de empleador:

1. Personas jurídicas y sociedades de hecho: haber exteriorizado como mínimo dos (2) empleados en la declaración jurada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondiente al último período fiscal vencido al mes inmediato anterior.

2. Personas físicas: haber exteriorizado como mínimo dos (2) empleados en la declaración jurada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondiente al último período fiscal vencido al mes inmediato anterior, pudiendo contabilizarse dentro de dicho mínimo hasta un (1) empleado declarado en el registro especial del personal de casas particulares establecido por la resolución general 3491.

b) Respecto del monto de ventas o ingresos brutos anuales: ventas, locaciones y prestaciones de servicios consignadas en las declaraciones juradas mensuales del impuesto al valor agregado correspondientes a los doce (12) últimos períodos fiscales vencidos contados desde el mes inmediato anterior al de adhesión. En caso de no registrar ventas, locaciones ni prestaciones de servicios gravadas en los períodos fiscales del impuesto al valor agregado indicados anteriormente, se verificarán los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias en el último período fiscal vencido al mes inmediato anterior a la aludida adhesión.

Se podrán incluir todo tipo de deudas con el fisco nacional, a excepción de:

a) Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas en planes de facilidades de pago presentados a través del Sistema “Mis facilidades” que se encuentren vigentes, cancelados, reformulados o caducos, así como las diferencias de dichas obligaciones, excepto que surjan de un ajuste de inspección conformado.

b) Las retenciones y percepciones -impositivas o previsionales-, por cualquier concepto, practicadas o no, excepto los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia.

c) Los anticipos y/o pagos a cuenta.

d) El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, a que refiere el inciso d) del artículo 1 de la ley de impuesto al valor agregado texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

e) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales.

f) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

g) Los aportes y contribuciones con destino al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico y Trabajadores de Casas Particulares.

h) Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), devengadas hasta el mes de junio de 2004.

i) Las cuotas mensuales del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas de los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

j) Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes.

k) El impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos.

l) Los intereses -resarcitorios y punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes, con excepción de los correspondientes a los incisos b), c) y d) del presente artículo.

En relación directa a las condiciones a reunir se observan cuotas iguales para todos los periodos, con una cantidad máxima de seis (6) y un importe mínimo de ciento cincuenta pesos ($150) cada una, con una tasa de financiación del 1,35 % mensual.

Las demás características son similares a lo establecido por la derogada RG 2774, salvo lo atinente a la caducidad del plan, debido a que se prevé dicha sanción de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna ante la falta de cancelación de tan solo una cuota, lo cual demuestra el rigorismo fiscal adoptado mediante esta norma.

Por último resulta importante destacar que para aquellos sujetos inscriptos en el “Registro de Importadores y Exportadores”, ante una eventual caducidad se procederá por parte del servicio aduanero a realizar la suspensión automática de dicho registro.

 

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Incremento de la recaudación fiscal por compras en el exterior. ¿Cuál es su implicancia en la economía de nuestro país?

 

4bf6f7c743404Recientemente se han dado a conocer las cifras oficiales de recaudación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos proveniente de las percepciones realizadas por compras al exterior, cuyo importe asciende a la suma de $ 4.500 millones de pesos aproximadamente. Dicho importe contempla las percepciones realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito y débito, así como también las efectuadas por operadores turísticos y proveedores de pasajes al exterior que se cancelan con otros medios de pago, resultando las mismas también alcanzadas por este cuasi-impuesto, o adelanto de impuesto según el criterio fiscal, desde el mes de Marzo del corriente año cuando se amplió el universo de operaciones comprendidas y se incluyeron en el objeto del régimen a las operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país y a las adquisiciones de servicios de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país.

De esta forma se evidencia un sostenido movimiento de turistas hacia el exterior, así como también se exterioriza la percepción de los agentes económicos de un tipo de cambio depreciado respecto al dólar, que sigue siendo conveniente aun con el discutido recargo del 20% introducido por una resolución de AFIP, y no por una ley del Congreso Nacional.

En este orden se vislumbra la contrapartida de dicha recaudación, que hace referencia a la creciente salida de dólares del país sin un correlato en ingresos genuinos de moneda extranjera, por lo cual la balanza de pagos se encuentra cada vez más inclinada hacia un déficit de dólares estadunidenses.

En consecuencia podemos observar algunas de las medidas que se están incorporando por parte del gobierno nacional, con el objetivo de aumentar el ingreso de divisas al Banco Central, lo cual se evidencia con la Ley 26.860 (Ley de Blanqueo) y el acuerdo con la petrolera Chevron recientemente concretado. Sin embargo se aprecia con mucha desconfianza la posibilidad de acceder al blanqueo de capitales por parte de los contribuyentes, en función de la falta de precisiones y reglamentación al respecto para asuntos que resultan claves, como por ejemplo la falta de condonación impositiva declarada por la mayoría de las provincias ante los incrementos patrimoniales que se declaren, así como también la pertinente denuncia que seguirán realizando las Entidades Financieras respecto de las exteriorizaciones de moneda extranjera ante la UIF por aquellas operaciones que se realicen.

Por todo ello se destacan momentos de pasividad en la economía regional, con una población económica en estado de cautela y quedando a la expectativa del futuro de la economía, por lo cual resulta siempre conveniente realizar las consultas pertinentes con un asesor impositivo antes de realizar cualquier tipo de operación patrimonial.

Compartir conShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone